Pobladores de San Andrés Yaá destruyeron el templo evangélico “Monte Sinaí”, por instrucciones del presidente Municipal Macedonio Ramírez Ventura y del síndico Ezequiel Alejo Lucas, quienes encarcelaron al pastor Imeldo Amaya Gabriel y lo obligaron a firmar un documento donde se compromete a renunciar a su fe y a pagar una multa de 10 mil pesos.
Oscar Moha
martes, 27 de julio de 2010
Las autoridades locales encarcelaron, además, a dos ciudadanos, miembros de una comunidad cristiana: Inocencio Angelino Bonifacio y Noé Alonso Mariano, quienes aceptaron firmar un documento en el cual se comprometieron a renunciar al culto evangélico, por lo que no les cobraron multa.
El templo fue construido desde hace cuatro años, toda vez que la Iglesia tiene un permiso de la Secretaría de Gobernación para habilitar inmuebles destinados al culto público, sin embargo, basado en los “usos y costumbres”, en la comunidad se expulsa a quienes no practican la religión mayoritaria.
El pastor Imeldo Amaya y su hermano Claudio, fueron incomunicados por más de 24 horas y, luego de ser puestos en libertad, debieron huir de su comunidad por la amenazas de ser linchados en San Andrés Yaá.
Entrevistado al respecto, el reverendo Amaya comentó que no es la primera vez que agreden a los cristianos en la zona, sin embargo las autoridades no han puesto interés en la solución de conflictos relacionados con la libertad religiosa; y dijo temer por la vida de sus familiares que se quedaron en la comunidad, ya que también los obligarían a firmar documentos que comprometen sus propiedades e integridad física.
Sumado a ello, los evangélicos temen por la educación de los más de 10 niños que asisten a esa iglesia, ya que es muy probable que sean dados de baja en el próximo ciclo escolar por el hecho de profesar una religión protestante.
Los delitos de despojo, amenazas de muerte y privación ilegal de la libertad fueron denunciados ante la Procuraduría de Justicia Estatal, en Oaxaca, y en la Comisión Estatal del Derechos Humanos de esa localidad, sin embargo funcionarios de la Secretaría de Gobierno han llamado al diálogo a ambas partes, sin que hasta el momento haya detenidos por este asunto, el cual estos hechos se suma a los 10 más que existen en esta región por intolerancia y discriminación religiosa, que han quedado impunes.
Un grupo de asociaciones y ministerios dedicados a defender a los evangélicos que sufren persecución, denunciarán los hechos ante instancias internacionales con el fin de que presionen a las autoridades mexicanas para que el Estado garantice la libertad religiosa en nuestro país.
Tomado de: Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación
